Denver, CO – La semana pasada, los abogados en una demanda colectiva propuesta pendiente contra el estado alegando el uso generalizado de tácticas coercitivas y crueles para obligar a las personas encarceladas a trabajar, presentaron un aviso de autoridad suplementaria con el tribunal de primera instancia argumentando que una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones apoya la viabilidad de sus reclamaciones alegando violaciones de la prohibición constitucional de Colorado contra la servidumbre involuntaria. En Lamar v. Williams, 21CA0511 (18 de agosto de 2022), el Tribunal de Apelaciones concluyó que no podía decidir si el programa de trabajo obligatorio de la prisión de Colorado violaba la Constitución porque, además de no alegar que los programas de trabajo obligatorio no son terapéuticos, el demandante tampoco alegó que fue obligado a trabajar. El demandante no estaba representado por un abogado.
El caso pendiente, Lilgerose v. Polis, 22CV30421, presentado en nombre de las personas encarceladas en todo el estado detalla cómo el Departamento de Correcciones coacciona el trabajo a través de la amenaza de un mayor confinamiento físico similar al confinamiento solitario, tiempo adicional en prisión de lo que la persona serviría de otra manera, y la privación de las necesidades humanas básicas como el acceso a la familia y el tiempo adecuado fuera de una celda de la prisión. También argumenta, con el apoyo de expertos, que el trabajo forzoso en prisión, a diferencia de los programas de trabajo voluntario, es intrínsecamente no rehabilitador. En la sesión informativa de este verano, el litigio pendiente recibió el apoyo de organizaciones nacionales y locales de derechos civiles.
“No tiene sentido”, dijo Valerie Collins, de Towards Justice. “No hay nada inconstitucional en permitir que las personas encarceladas trabajen y ofrecerles incentivos para ello, pero la Administración Polis parece empeñada en obligar a la gente a trabajar. Es innecesario e inconstitucional”.
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