Denver, Colorado – Ayer, las personas actualmente encarceladas en Colorado ganaron una importante batalla legal cuando un juez del Tribunal de Distrito de Denver se negó a desestimar un recurso legal que alega que el gobernador Polis y el Departamento de Correcciones coaccionan ilegalmente el trabajo de las personas que están encarceladas en el estado.

En 2018, a través de la aprobación de la Enmienda A, Colorado se convirtió en el primer estado desde la aprobación de la Decimotercera Enmienda en prohibir la esclavitud y la servidumbre involuntaria en todas las circunstancias, incluso para aquellos que han sido condenados por un delito. Los votantes de cinco estados decidirán pronto si eliminan lagunas similares en las constituciones estatales que han permitido el trabajo forzado en las prisiones.

“El propósito de la Enmienda A era eliminar todas las excepciones a la prohibición de la servidumbre involuntaria en Colorado”, escribió el juez Alex C. Myers. El tribunal razonó que las alegaciones de los demandantes de que las personas encarceladas en Colorado son amenazadas con restricción física, incluyendo prácticas como el confinamiento solitario si no cumplen con los programas obligatorios de trabajo en prisión, son suficientes para establecer reclamaciones plausibles de violaciones constitucionales contra el Gobernador, Dean Williams, el Director Ejecutivo del Departamento de Correcciones, y el Departamento de Correcciones. Ahora, los demandantes tendrán la oportunidad de obtener pruebas del Estado sobre sus políticas y prácticas.

“Estamos orgullosos de la valentía de nuestros clientes, que defienden su derecho constitucional a no ser sometidos a servidumbre involuntaria. No están diciendo que las personas encarceladas no puedan o no deban trabajar o que no quieran trabajar. Están diciendo que deben estar libres del trabajo forzoso”, dijo Valerie Collins, abogada de Towards Justice. “El hecho de que alguien esté encarcelado no significa que el Estado pueda tratarlo como a un esclavo. Estamos deseando seguir litigando en su nombre y aprender más sobre las formas en que el Estado puede estar coaccionando el trabajo de las personas que encarcela.”

“La llamada exención penal es una mancha racista en nuestra constitución federal. Los votantes de Colorado hicieron bien en eliminarla de nuestra constitución estatal”, dijo Kym Ray, organizadora comunitaria de Together Colorado y miembro de la Coalición de la Enmienda A. “Ahora, la lucha es para asegurar que el derecho básico a estar libre de la servidumbre involuntaria sea real en la vida de todos en Colorado”.

Los demandantes están representados por Towards Justice y David Maxted de Maxted Law LLC.

Contacto: Valerie Collins, (720) 295-1672, [email protected]