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Comunicado de prensa: Se presenta una demanda contra la Administración de Polis por supuestas violaciones de la enmienda constitucional estatal que prohíbe la servidumbre involuntaria.

Noticias Trabajo forzado y trata de personas

DENVER, 15 de febrero de 2022 – Esta mañana, Richard Lilgerose y Harold Mortis, que actualmente están encarcelados por el Estado de Colorado, presentaron una demanda colectiva propuesta contra el estado, el gobernador Polis, y el Departamento de Correcciones alegando que Colorado participa en violaciones persistentes y generalizadas de la prohibición constitucional del estado contra la esclavitud y la servidumbre involuntaria. Los demandantes están representados por Towards Justice y Maxted Law LLC.

En 2018, más del 66% de los votantes de Colorado votaron a favor de la Enmienda A, que eliminó la parte de la constitución de Colorado que permitía la esclavitud y la servidumbre involuntaria como castigo por un delito. La aprobación de la Enmienda A convirtió a Colorado en líder nacional en la erradicación de la llamada “exención penal”, una mancha racista presente en las constituciones estatales y en la Decimotercera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

La demanda colectiva alega que el Estado de Colorado ha ignorado la clara voluntad de los votantes al seguir obligando a las personas que encarcela a trabajar en contra de su voluntad bajo amenaza de castigo, incluido el encarcelamiento prolongado y el aislamiento social. Ya sea motivado por la reducción de sus propios costes mediante el pago de centavos por hora a una mano de obra cautiva o por el deseo de afirmar su poder sobre las personas que encarcela, el Estado ha ignorado aparentemente el mandato de la Enmienda A, manteniendo sus instalaciones a través del trabajo forzado de las personas encarceladas. Por ejemplo, mientras el COVID-19 arrasaba la prisión en la que está encarcelado, el demandante Mortis, que es vulnerable a las enfermedades graves provocadas por el virus, fue obligado a trabajar en la cocina de la prisión durante ocho horas al día. Cuando intentó proteger su salud negándose a trabajar, el Estado de Colorado le dijo que tendría que pasar más tiempo en prisión.

La comunidad de defensores y organizadores que consiguió el apoyo para la Enmienda A está hablando claro: “Siempre supimos que aprobar la Enmienda A era un paso fundamental para librar a nuestras instituciones y leyes de los males de la servidumbre involuntaria y la esclavitud. Pero también sabíamos que era poco probable que la aprobación de esa ley fuera suficiente por sí sola. El uso cruel del trabajo forzoso está demasiado arraigado en nuestras instituciones. Haría falta que personas como los demandantes aquí presentes y la comunidad que apoyó la Enmienda A se pusieran en pie para que el Estado de Colorado rindiera cuentas”, dijo Kamau Allen, organizador principal de la Red Nacional para Abolir la Esclavitud y uno de los principales organizadores que apoyaron la aprobación de la Enmienda A. “El Estado de Colorado debería acatar la voluntad de los votantes de este Estado”.

La conducta del Estado no sólo es ilegal, sino también una mala política. “A medida que continuamos abogando por la justicia económica y racial, debemos incluir a todos”, dijo la Dra. Apryl Alexander, Profesora Asociada de Psicología Forense de la Universidad de Denver. “Deshumanizar a las personas encarceladas mediante la servidumbre involuntaria sigue perpetuando las desigualdades e injusticias que existen en nuestro sistema jurídico penal”.

Los demandantes no reclaman daños y perjuicios. Piden al tribunal una orden que impida al Estado seguir obligándoles a trabajar.

Para consultas de los medios de comunicación:

David Seligman a (720) 248-8426 o david@towardsjustice.org