El Tribunal de Apelaciones otorga una victoria a los deudores civiles que alegan reclamaciones por trabajos forzados y robo de salarios contra el condado de Lackawanna y entidades relacionadas

Hoy, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito ha vuelto a admitir las demandas por trabajos forzados, robo de salarios y chantaje presentadas por personas que fueron detenidas civilmente por deudas de manutención de menores y que alegan que fueron obligadas por el condado de Lackawanna, Pennsylvania, y una empresa privada a trabajar en condiciones penosas y peligrosas en el centro de reciclaje local para poder acceder a los programas de excarcelación por trabajo ordenados por el tribunal.

Los demandantes William Burrell, Dampsey Stuckey y Joshua Huzzard alegan que un tribunal estatal ordenó su detención civil en una prisión gestionada por el condado de Lackawanna, y ordenó que se les permitiera acceder al programa de excarcelación por trabajo, a través del cual podrían haber ganado dinero para pagar las deudas que dieron lugar a su encarcelamiento. Sin embargo, para acceder a la excarcelación por trabajo, el condado de Lackawanna obligó a los demandantes a trabajar durante varios meses en el centro de reciclaje del condado, gestionado por una empresa privada, LRCI, propiedad de Dominick y Louis DeNaples. Por su trabajo clasificando basura, metal y vidrio afilado, residuos médicos y heces humanas, los demandantes cobraban sólo cinco dólares al día.

La decisión de hoy revoca un dictamen del tribunal federal de distrito que desestimaba las demandas de los demandantes. Al restablecer las demandas, el Tercer Circuito sostuvo que los demandantes alegaron adecuadamente que el Condado, la Autoridad de Gestión de Residuos Sólidos y LRCI obtuvieron su trabajo a través de medios prohibidos, incluyendo la retención de necesidades básicas como la alimentación, la restricción física y el abuso de la ley y el proceso legal, al “condicionar el acceso a un programa de liberación laboral a la prestación de un período de trabajo casi gratuito”. El tribunal también consideró que los demandantes alegaban suficientemente que tenían derecho al salario mínimo por su trabajo, señalando que su “trabajo fuera de las instalaciones, no realizado en beneficio de la cárcel, sino más bien en beneficio de la asociación público-privada entre la Autoridad Municipal y el Centro de Reciclaje, es marcadamente diferente al de los reclusos que realizan un trabajo dentro de unas instalaciones ‘produciendo bienes y servicios utilizados por la prisión'”.

El demandante principal William Burrell, que originalmente presentó el caso pro se en 2014 y que obtuvo una victoria previa en apelación antes de contratar a un asesor legal, dijo: “mi lucha por la justicia en este caso comenzó hace casi diez años. Estoy muy orgulloso de esta victoria, y espero seguir luchando por los cientos de personas perjudicadas por estas prácticas que pueden haber sido demasiado temerosos para presentarse por su cuenta.”

Juno Turner, Directora de Litigios de Towards Justice, señaló que “la afirmación del Tribunal de que la ley federal alcanza los abusos de poder alegados por nuestros valientes clientes en este caso es una importante victoria en la lucha contra el trabajo forzoso, que sigue siendo una mancha persistente en nuestra sociedad. Estamos agradecidos de que el Tribunal haya reconocido las importantes cuestiones que plantea este recurso y esperamos reunir las pruebas que respalden las alegaciones de nuestros clientes en el proceso de proposición de pruebas.”

Además de Towards Justice, los demandantes están representados por Handley Farah & Anderson y el Community Justice Project, así como por la Georgetown Law Center’s Appellate Courts Immersion Clinic. Los demandantes agradecen el apoyo de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, así como de las siguientes organizaciones, todas ellas firmantes de escritos amicus presentados ante el Tercer Circuito: Constitutional Accountability Center, ACLU of Pennsylvania, National Employment Law Project, Community Legal Services of Philadelphia, Justice at Work Pennsylvania, National Employment Lawyers Association y Pennsylvania Institutional Law Project.

Contacto de prensa: Juno Turner, [email protected], 303 589-3054